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SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- De aprobarse en la Cámara de Diputados los cambios hechos por el Senado al proyecto de ley del Tribunal Constitucional, el país asistiría a un “colapso institucional”, establecieron juristas de distintas tendencias en un panel celebrado este martes en el Ateneo Dominicano.
Milton Ray Guevara, Servio Tulio Castaños Guzmán, Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, Vinicio Castillo Semán y Olivo Rodríguez Huertas coincidieron en que el Senado incurrió en un “acto de inconstitucionalidad por omisión” cuando dejó fuera de la revisión constitucional las sentencias emanadas de la Suprema Corte de Justicia.
Los abogados llamaron a los diputados de los diferentes partidos a enderezar el entuerto provocado, según Castillo Semán, por los "allegados" al presidente Leonel Fernández.
Otro aspecto fuertemente criticado por los expertos constitucionales fue el de la edad de los jueces para ser miembros del Tribunal Constitucional.
Para Cristóbal Rodríguez, uno de los expertos más activos en el debate, basándose en el artículo 151.2 del texto constitucional (establece la edad de 75 años para el retiro de los jueces supremos), y el 184 (dispone iguales criterios de membresía para el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia) la Cámara de Diputados está obligada por la misma Carta Magna a corregir el desafuero de los senadores.
La semana pasada, Castillo Semán, abogado cercado al oficialismo, acusó a Félix Bautista, senador y secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y a Freddy Pérez, principal promotor público de la reelección, de promover un “golpe de Estado constitucional” sobre la base de que la actual Constitución no prohíbe la reelección de Fernández.
En ese sentido, consideró que con ese planteamiento lo que se busca es crear una situación de hecho sobre la cual tenga que pronunciarse el futuro Tribunal Constitucional, órgano que –adelantó- sería formado con jueces salientes por edad de la Suprema Corte de Justicia.
Ray Guevara y Jorge Prats establecieron con claridad que la Constitución no puede prestarse a juego político y que debe primar el principio de su supremacía independientemente de los intereses particulares y de grupos que motivan el debate.
Un debate que para Servicio Tulio Castaño Guzmán, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, murió en la Asamblea Revisora el 22 de octubre del 2009 cuando fue derrotada la posición de Jorge Subero Isa, presidente de la SCJ, enarbolada por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín.
Los resultados de ese debate se encuentran recogidos en el acta número 057 de la Asamblea Revisora.
De acuerdo con el consenso de los expertos constitucionales está especificado en blanco y negro en el texto constitucional que las sentencias de la Suprema Corte deben estar sujetas al control constitucional como pasa en todos los países del mundo donde existen tribunales constitucionales.
Alfonso Torres/7dias.com.do
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