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6:00 PM - Vengo insistiendo con mucha más frecuencia de la deseada, que la Fiscalía está desbordada de trabajo, que puede ser, y/o prepara los expedientes sin el más mínimo rigor procesal, pensando quizá que los jueces aceptarán sin más sus relatos y firman las sentencias solicitadas. Ocurre sin embargo que en ocasiones hay casos que ameritan una atención especial. Incluso en ésos no parece que los procuradores fiscales se esmeren en la labor. Ejemplos: En el vehículo que supuestamente huyó el 3 de septiembre de 2009 José Figueroa Agosto, la Policía encontró una llave con una inscripción que la vinculaba con el apartamento de Ocean One en Cabarete.
Este hecho lo presentó como prueba la Fiscalía para aseverar que el boricua es el propietario del apartamento. También el Ministerio Público atribuye como prueba el hecho que Mary Peláez que no figura en la escritura de propiedad, llamase tres veces en un día a la administración del condominio para, supuestamente ordenar cambiar la cerradura del apartamento, a lo que no accedieron porque por entonces ya se sabía que Chistian Almonte era en realidad José Figueroa Agosto. Afirma también el Ministerio Público que la cerradura fue cambiada porque lo dice un miembro de la compañía administradora, pero no aporta ni una sola prueba de que haya sido así. Tampoco nadie de la Fiscalía se hizo acompañar de la Policía para que con la consabida orden judicial, además de verificar si la llave encontrada en la jeepeta abría la puerta o no, registrar la propiedad por si acaso hubiera pruebas. No consta que se haya hecho. Ir hasta Cabarete supone un esfuerzo que no compensa, aunque valide una prueba huérfana de credibilidad.
Entre las 300 pruebas de cargo aportadas por la Fiscalía aparecen al menos una vez dos cantidades distintas encontradas en el vehículo. 4,6 millones de dólares fue la cantidad que siempre la Policía dio por buena. Sin embargo el pliego de acusaciones contra Sobeida habla de 4,4 millones de dólares. 200.000 monedas del tío Sam traducido a pesos, no es precisamente moco de pavo. ¿Al cocer menguó o es sencillamente un error de escritura? ¿El de antes o el de después?
El caso del joven sargento acusado de la muerte de la fiscal es paradigma de la forma de obrar de la Fiscalía incluso al más alto nivel. La Comisión de acusadores públicos –la flor y nata de la Procuraduría y la Policía Nacional- llegaron rápidamente a la conclusión que Augusto Luciano Familia era culpable del asesinato de Giselle Reyes Díaz. No importa que no hubiera testigos, tampoco que el imputado no reconociera la autoría del hecho y menos que no se tuviera el resultado de la autopsia. El sargento pasó a ser ni siquiera presunto culpable, sino culpable a secas en voz de la máxima autoridad de la Fiscalía. Sin embargo, el informe del médico legista abre la hipótesis a que los hechos no sean como dice el Ministerio Público. El forense, por lo que se conoce, estima que la bala que causó la muerte a Giselle Reyes Díaz le llegó de rebote y le entró por el costado derecho.
El militar supuestamente cancelado podrá ser culpable o no, pero el hecho cierto es que la Fiscalía lo condenó sin paliativos y también sin más prueba que del arma reglamentaria del sargento salió la bala que mató a la compañera fiscal. Tampoco tuvieron curiosidad por reconstruir los hechos a tenor de lo que decía Augusto Luciano Familia, ni tuvieron en cuenta que una bala disparada a cortísima distancia siendo del calibre de las armas reglamentarias, atraviesa el cuerpo casi siempre. Tampoco fueron a preguntar a la pizzería si habían observado algo anómalo en el comportamiento de la pareja. Eligieron en suma el camino fácil. Que esa actitud la tenga un fiscal novato puede ser hasta comprensible. Pero que la muestre a todo el mundo los responsables del Ministerio Público es pero que muy, muy preocupante por las carencias manifiestas.
¿Qué pasará ahora? ¿Se desdecirá la Comisión e iniciará una investigación acorde a los cánones en la línea que testifica el imputado o por contrario seguirá en sus trece? La jueza del Segundo Juzgado de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo atendió al pedimento de la Fiscalía sin cuidar las garantías del procesado. ¿Qué hubiera sucedido si Giselle Reyes Díaz no hubiera muerto como consecuencia de una bala, sino de un súbito ataque al corazón –por poner un ejemplo- aunque recibiera el impacto de rebote ya muerta? La calificación penal del hecho varía
Los jueces están mediatizados en los casos importantes. Éste lo es. La Fiscalía, con carácter general, es zafia y manipuladora en desempeño de su responsabilidad. Ejemplos no faltan.
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