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La Asociación de Empresas Industriales de Herrera le puso la pica en Flandes a Radhamés Segura: le aconsejó que antes de convocar a una reunión para buscar soluciones al grave problema eléctrico, contribuya a concretar los acuerdos que sobre la materia se adoptaron durante la Cumbre convocada por el presidente Leonel Fernández a principios de este año.
Pese a esa petición, Ernesto Vilalta, coordinador del Comité de Electricidad de la AEIH, no confía en que Segura, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) pueda hacer ahora lo que no ha logrado en siete años que lleva al frente de la entidad. Por el contrario, su contribución ha sido negativa, dado su protagonismo en lo que Vilalta llama “contrarreforma” y “reestatización” del sector.
Y le imputa ser el funcionario que mayor desidia demuestra en el cumplimiento de los acuerdos a que se llegó en la aludida cumbre para encontrar una salida a los problemas del sector eléctrico “que Segura pretende liderar”.
“Este funcionario se ha mantenido como Sherezada, de las Mil y una noches, haciendo todos los cuentos posibles para evitar su final”, dijo Vilalta.
Además, el dirigente empresarial pone en duda que sea precisamente Segura el interlocutor válido en cualquier discusión bilateral. Y cita la Ley General de Electricidad 125-01, según la cual son la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad los que rigen al subsector eléctrico.
Y remacha citando el artículo 12 de la Ley, el cual dice textualmente: “Corresponde a La Comisión, en general, elaborar y coordinar los proyectos de normativa legal y reglamentaria; proponer y adoptar políticas y normas; elaborar planes indicativos para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energía, y proponerlos al Poder Ejecutivo y velar por su cumplimiento; promover las decisiones de inversión en concordancia con dichos planes y asesorar al Poder Ejecutivo en todas aquellas materias relacionadas con el sector.”
En consecuencia, es una condición previa para cualquiera otra cumbre sobre el sector eléctrico en la que participe el sector privado, definir previamente si la interlocución que se arroga Segura es legal. Después, solo valdría la pena celebrarla si existe en el Gobierno “un compromiso serio” con la adopción de políticas que enrumben hacia la eficiencia.
7dias.com.do
Pese a esa petición, Ernesto Vilalta, coordinador del Comité de Electricidad de la AEIH, no confía en que Segura, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) pueda hacer ahora lo que no ha logrado en siete años que lleva al frente de la entidad. Por el contrario, su contribución ha sido negativa, dado su protagonismo en lo que Vilalta llama “contrarreforma” y “reestatización” del sector.
Y le imputa ser el funcionario que mayor desidia demuestra en el cumplimiento de los acuerdos a que se llegó en la aludida cumbre para encontrar una salida a los problemas del sector eléctrico “que Segura pretende liderar”.
“Este funcionario se ha mantenido como Sherezada, de las Mil y una noches, haciendo todos los cuentos posibles para evitar su final”, dijo Vilalta.
Además, el dirigente empresarial pone en duda que sea precisamente Segura el interlocutor válido en cualquier discusión bilateral. Y cita la Ley General de Electricidad 125-01, según la cual son la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad los que rigen al subsector eléctrico.
Y remacha citando el artículo 12 de la Ley, el cual dice textualmente: “Corresponde a La Comisión, en general, elaborar y coordinar los proyectos de normativa legal y reglamentaria; proponer y adoptar políticas y normas; elaborar planes indicativos para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energía, y proponerlos al Poder Ejecutivo y velar por su cumplimiento; promover las decisiones de inversión en concordancia con dichos planes y asesorar al Poder Ejecutivo en todas aquellas materias relacionadas con el sector.”
En consecuencia, es una condición previa para cualquiera otra cumbre sobre el sector eléctrico en la que participe el sector privado, definir previamente si la interlocución que se arroga Segura es legal. Después, solo valdría la pena celebrarla si existe en el Gobierno “un compromiso serio” con la adopción de políticas que enrumben hacia la eficiencia.
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