Por Oscar Quezada 4 de Ago 2010 12:00 AM
Un fiscal adjunto de Higüey reveló ayer que mientras representaba al Ministerio Público en una querella por violación sexual a una alemana fue obligado a abandonar el caso, porque “alguien” le dijo que el acusado no podía caer preso.
César Alcántara se atrevió a narrar las irregularidades que en el manejo de expedientes han sido denunciadas en diferentes departamentos judiciales.
Este representante del Ministerio Público se refiere al proceso judicial que enfrentaba el español Ricardo Diez Conde, cuando en ese entonces se dio a conocer con la falsa identidad de Rubén Ramos.
Diez Conde es un prófugo de la justicia dominicana, acusado de narcotráfico y lavado de activos, y quien logró escapar gracias a informaciones relacionadas con la investigación encaminada en su contra presuntamente suministrada por una fiscal adjunta adscrita a la fiscalía de la comunidad de Berón.
Con el nombre de Rubén Ramos, el nacional español era señalado como el responsable de violar sexualmente a la alemana Janka Paff.
En vez de recibir las atenciones judiciales que ameritaba su situación, cuando el caso fue declinado por mediación directa de ese “alguien” no identificado por Alcántara, la señora Paff recibió el más vil de los tratos.
La acusaron, incluso, de ramera y oportunista, por tan sólo arriesgarse a querellarse contra el importante inversionista que en ese momento era el señor Diez Conde, escondido bajo la identidad ficticia de Rubén Ramos.
“Yo procedí a solicitar orden de arresto en contra del señor Rubén Ramos. Un juez emitió la orden de arresto y se la dio a uno de los abogados que llevaban el caso y hubo un inconveniente porque alguien le dio supuestamente un permiso a Rubén Ramos para que saliera del país, no sé si por amistad o por consideración”, cuenta el fiscal Alcántara en conversación con El Caribe.
El funcionario judicial dice que casi transcurrido un mes de este hecho fue nuevamente arrestado en un aeropuerto de la capital y fue reenviado a la Fiscalía de Higüey en calidad de arrestado.
“Yo, como llevaba la querella y entendía que había fundamento, procedí o intenté judicializar el caso y presentarlo ante el juez de la instrucción para tomarle la medida correspondiente. Hubo algunos inconvenientes acá, de manera que se llegó a un acuerdo relativo a los golpes heridas (que recibió la señora Paff)”, explica Alcántara.
Tras lograr un acuerdo por los golpes y heridas, el español tenía pendiente una querella por violación sexual, por lo que el fiscal adjunto pretendía solicitar medidas de coerción.
“En ese momento, una persona que no sé por qué razón lo hizo, me dijo que esa persona no iba a caer presa aquí. Que fuera a ver qué iba yo a hacer, porque aquí él no iba a caer preso”, lamenta Alcántara.
No denuncian anomalías
En Higüey no todos se atreven a denunciar las supuestas anomalías cometidas por miembros del Ministerio Público en el desempeño de sus labores. Pero el secretario general del Colegio de Abogados de la provincia Altagracia, José Bienvenido Otañez, reivindicó el temor que mostraron sus colegas, quienes aún teniendo detalles precisos sobre estas irregularidades alegaron que no podían hablar con la prensa al respecto.
“Aquí, en nuestra provincia, no se escapa a que los funcionarios, tanto del Ministerio Público, como jueces y agentes policiales, cometan estos desliz. Entiendo que sí se han dado actos de corrupción y la gente lo dice, lo comenta con los demás y entre los abogados también. Y vemos que sí, que se dan actos de corrupción en nuestra provincia”, dice Otañez.
Admite que el departamento judicial de La Altagracia ha sido siempre el foco de atención de los medios de comunicación cuando se trata de denuncias de este tipo de irregularidades, y hasta de instituciones como la Suprema Corte de Justicia.
“No puedo decir exactamente que tengo pruebas de que el Ministerio Público haya cometido actos de corrupción, porque no he visto donde le entregan dinero. Ahora, la gente se queja y dice que sí que hay actos de corrupción”, apunta Otañez.
El abogado afirma que estas anomalías también se ponen de manifiesto cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) comete algún tipo de atropello contra ciudadanos y no son debidamente ventilados por el Ministerio Público y la justicia del municipio de Higüey.
“Tenemos testigos, también, de personas que dicen que tanto ahí como en otros departamentos le piden dinero para dejarlos en libertad”, subraya.
Obligado a inhibirse
Por querer hacer justicia en un caso donde asegura tenía elementos de pruebas suficientes para enviar a la cárcel a Diez Conde, César Alcántara fue acusado por el imputado de confabularse con la abogada de la señora Paff para perjudicarlo.
Después de todos los obstáculos que enfrentó, El fiscal no tuvo otra alternativa que inhibirse.
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