ACUERDO CON EL FMI PONE EN JAQUE AL GOBIERNO....

De las fotografías alegres ahora se pasa a la dura realidad de cumplir el acuerdo, y para ello el gobierno no practica la transparencia. Veamos algunos puntos en marcha.

SANTO DOMINGO (R.Dominicana).-Al iniciarse el último trimestre del 2009, coincidiendo con el acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las finanzas del gobierno muestran un deterioro creciente respecto al 2008.

Al cierre de septiembre pasado, y desde enero, el Gobierno tenía un déficit fiscal acumulado de 32, 846 millones de pesos, mientras que en igual período del 2008 fue de 27,565 millones de pesos.

El escenario de crisis fiscal viene a confirmar los análisis de economistas independientes dados a conocer en el 2008 cuando el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley de gastos públicos a todas luces inflado, con un hueco financiero de 100 mil millones de pesos. Con todo y el enorme error técnico, un Congreso dócil levantó su mano y aprobó lo que es hoy una demostración de incapacidad técnica del área fiscal gubernamental.

Examinando los ingresos fiscales al 30 de septiembre pasado, se observa que los mismos cayeron 15 por ciento respecto al 2008, para una variación absoluta de 32,668 millones de pesos. La caída de los ingresos es igual al monto arriba indicado como déficit acumulado, lo que significa que el presupuesto de gastos aprobado para el 2009, solo a septiembre, presentaría un faltante de 65 mil millones.

Mientras en el período enero-septiembre del 2008 los ingresos totales del Gobierno alcanzaron la suma de 220,315 millones, para el mismo período del 2009 apenas llegaron a 187,647 millones.

En ese total de ingresos se incluyen los financiamientos (internos y externos) que ascendieron a 19,928 millones de pesos en el período enero-septiembre, sin los cuales los ingresos recibidos disminuirían todavía más.

Para quienes ven un “triunfo del Gobierno” en el acuerdo stand by con el FMI y entienden que el mismo es “débil”, o su ejecución un “paseo”, deberían revisar la carta de intención sobre las medidas que el Gobierno debe cumplir entre el último trimestre del 2009 y el primero del 2010. Durante ese período, el FMI permite las llamadas medidas “anticíclicas” para “mitigar la drástica desaceleración económica”. Es una especie de salvedad de 6 meses concedida por el FMI.

En otras palabras, el acuerdo permite que en esos dos trimestres el Gobierno mantenga un déficit fiscal encendido, pero a cambio debe implementar medidas, especialmente varias leyes que pasarían por el Congreso Nacional, incluyendo un presupuesto para el 2010 casi en equilibrio.

Concluido ese período, el acuerdo somete al Gobierno a un duro plan de ahorro primario que incluye no solo la desaparición de las nominillas, sino una considerable reducción del gasto en personal y en servicios personales. De acuerdo al contenido del acuerdo aprobado por el directorio del FMI, desde el segundo trimestre del 2010 el Gobierno debe “implementar medidas para resolver los problemas de deuda y de sostenibilidad fiscal en una etapa posterior del programa (mediados del 2010), poniendo en marcha al mismo tiempo un ambicioso plan de reformas estructurales”.

De entrada, a partir de este último trimestre del 2009 quedarían cesantes todos los subsecretarios de Estado sin funciones, a quienes la ley que rige a cada secretaría de Estado no contempla. De la misma manera quedarían ajustados todos los salarios del Gobierno Central, incluyendo a los secretarios de Estado, a un nivel inferior al del presidente de la República.

De la misma manera, como parte del plan contemplado en el acuerdo stand by, solo podrán usar tarjetas de créditos el presidente y el vicepresidente de la República.

Esas medidas deben venir por ley. Para comenzar a cumplirlas, el secretario de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, llevó al Congreso un anteproyecto de ley contentivo de estas medidas, aunque lo presentó como una iniciativa que le fuera enviada por el Consultoría Jurídica de la Presidencia para contribuir con la racionalización del gasto público.

La exigencia del FMI fue, por tanto, manejada de manera sigilosa, sin transparencia, como parte de una estrategia del Gobierno para dar a entender que el acuerdo es “un paseo en coche” que lo beneficia.

Como no hay oposición política, el Gobierno pudiera practicar la transparencia y explicitar las medidas que toma para cumplir con el stand by con el FMI. En definitiva, nada sucedería.

Félix Calvo