Asambleístas acogieron la mayoría de sus propuestas
Partió de los empresarios también limitar el derecho de la población de acceder a las playas, ríos, lagos, lagunas y costas, lo que ha quedado supeditado al interés privado.
Lisandro Macarrulla, presidente del CONEP (Archivo 7dias)
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Asamblea Revisora de la Constitución acogió 19 de las 20 propuestas introducidas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), lo que indica que la nueva carta magna fue influencia tanto por el sector empresarial como por la Iglesia Católica y los dos partidos principales.
El sector empresarial propuso modificar 53 artículos del proyecto de reforma, tanto en lo relativo al comercio y la industria, como en lo concerniente a las atribuciones de los poderes del Estado.
Entre los asuntos planteados por el CONEP resalta el énfasis que hizo para que la Constitución sólo consignara el derecho a la información pública y no a la privada; y la propuesta de eliminación de la “correcta comercialización de mercancías a la población” dentro de los derechos colectivos y difusos.
También está lo concerniente al derecho a la libertad de empresa y régimen económico, el derecho a la propiedad privada y el establecimiento de un sistema contributivo coherente, justo y transparente.
Partió de los empresarios también limitar el derecho de la población de acceder a las playas, ríos, lagos, lagunas y costas, lo que ha quedado supeditado al interés privado.
En tanto que la Iglesia Católica influyó para la Constitución consigne que “el derecho a la vida se inicia desde el momento de la concepción hasta la muerte”, cerrando cualquier brecha a la posibilidad de que el tema del aborto sea regulado a través de una ley adjetiva.
Sin embargo, en todo el proceso de reforma pesó, en mayor proporción, el criterio de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), tras el acuerdo firmado por los principales líderes de estas organizaciones y que permitió alcanzar un consenso en torno a aspectos como la prohibición de la reelección consecutiva, la creación de un tribunal de garantías constitucionales y la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura.
7dias.com.do
Partió de los empresarios también limitar el derecho de la población de acceder a las playas, ríos, lagos, lagunas y costas, lo que ha quedado supeditado al interés privado.
Lisandro Macarrulla, presidente del CONEP (Archivo 7dias)
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Asamblea Revisora de la Constitución acogió 19 de las 20 propuestas introducidas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), lo que indica que la nueva carta magna fue influencia tanto por el sector empresarial como por la Iglesia Católica y los dos partidos principales.
El sector empresarial propuso modificar 53 artículos del proyecto de reforma, tanto en lo relativo al comercio y la industria, como en lo concerniente a las atribuciones de los poderes del Estado.
Entre los asuntos planteados por el CONEP resalta el énfasis que hizo para que la Constitución sólo consignara el derecho a la información pública y no a la privada; y la propuesta de eliminación de la “correcta comercialización de mercancías a la población” dentro de los derechos colectivos y difusos.
También está lo concerniente al derecho a la libertad de empresa y régimen económico, el derecho a la propiedad privada y el establecimiento de un sistema contributivo coherente, justo y transparente.
Partió de los empresarios también limitar el derecho de la población de acceder a las playas, ríos, lagos, lagunas y costas, lo que ha quedado supeditado al interés privado.
En tanto que la Iglesia Católica influyó para la Constitución consigne que “el derecho a la vida se inicia desde el momento de la concepción hasta la muerte”, cerrando cualquier brecha a la posibilidad de que el tema del aborto sea regulado a través de una ley adjetiva.
Sin embargo, en todo el proceso de reforma pesó, en mayor proporción, el criterio de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), tras el acuerdo firmado por los principales líderes de estas organizaciones y que permitió alcanzar un consenso en torno a aspectos como la prohibición de la reelección consecutiva, la creación de un tribunal de garantías constitucionales y la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura.
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