El general retirado Pedro Julio (Pepe) Goico guerrero asegura que desde los organismos de seguridad del Estado se estarían mercadeando grabaciones y que a través de representantes del Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo se estarían tramitando peticiones de particulares para que jueces “legalicen” las intervenciones telefónicas. Desde los servicios de inteligencia del Estado se estarían mercadeando grabaciones de políticos, empresarios y periodistas. Versión impresa PDF
Nadie está a salvo. El espionaje a través de las telecomunicaciones es una de las prácticas más arraigadas para lavar los trapos sucios de la política dominicana. Desde el Estado funcionan diversas agencias de “inteligencia”, con algunos miembros que estarían filtrando información al mejor postor. Los escándalos acontecidos en víspera de la pasada campaña electoral quedaron en total impunidad, lo que refuerza las denuncias en ese sentido y alimenta esa percepción.
Los métodos para irrumpir en la vida privada de políticos, periodistas, empresarios y subalternos con posiciones sensibles en la feroz competencia financiera y empresarial varían al ritmo de los avances tecnológicos. Van desde las tradicionales intervenciones telefónicas, hasta la penetración en las cuentas de correos electrónicos, mensajes de textos, e instalación de cámaras de audio y video en los lugares menos sospechados, hasta en el Banco Central, según observa el general retirado Pedro Julio (Pepe) Goico Guerrero, un “hombre de la sombra”, como él mismo se define, y quien, además, ha probado los dos extremos: ha sido un escucha y un escuchado.
De acuerdo con Goico Guerrero, el espionaje desde el Estado se ha convertido en un gran mercado. “Todos graban”, se queja, quizás porque los acontecimientos ocurridos en su vida le cambiaron la perspectiva. “Las autoridades son las que han permitido este caos en el espionaje. Esto se ha convertido en un mercado. Son los mismos organismos oficiales de seguridad los que han estado poniendo todo lo que graban a disposición del que aparezca en la calle dispuesto a pagar dinero por ello”. Hace la salvedad que las actuales autoridades, sobre todo, las que ocupan la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) “son muy serias” y espera que empiecen a “desarrabalizar” la situación de caos “de los últimos ocho años”.
Misterio e Impunidad. Un velo de misterio envuelve, por ejemplo, la intervención o “hackeo” de los correos intercambiados por la entonces primera dama Margarita Cedeño de Fernández y Rosa Hernández de Grullón, esposa del presidente del Banco Popular y embajadora ante la Unesco, los que empezaron a circular en las redes sociales en diciembre del año pasado y fueron analizados por la aguda periodista Margarita Cordero en el portal digital 7dias.com.do., en diciembre pasado.
La prensa tradicional guardó silencio, y las instituciones como la Superintendencia de Bancos, también, pese a que su contenido revelaba el trasiego de ayudas económicas para la campaña electoral de Cedeño de Fernández, y revelaba detalles de una operación de compra de un apartamento en París por valor de unos RD$28 millones de pesos, amén de informaciones sobre la contratación de páginas enteras a todo color en los principales diarios del país como parte de la campaña de la hoy vicepresidenta de la República. Silencio de las autoridades financieras y judiciales, pese al trauma que representó para el país la experiencia con el Banco Intercontinental (Baninter) en 2003.
El caso quedó envuelto en una nebulosa y permanece en el olvido, como si no hubiera ocurrido nada, pese a que el pasado 19 de febrero el entonces procurador general de la República, Radhamés Jiménez, calificó como un crimen el “hackeo” y las intervenciones telefónicas. Poco después, el pasado 27 de febrero, el mismo Jiménez, anunció que las investigaciones sobre ese caso “progresaban” y habría “condenas ejemplares”.
En esos días, la residencia y las oficinas del periodista Guillermo Gómez fueron aparatosamente allanadas y, posteriormente, su hijo José Ángel Gómez Canáan fue detenido por breve tiempo. El periodista Gómez denunció que el IP, desde donde fue “hackeada” la cuenta de la Primera Dama, pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Danilo Díaz, representante del PLD ante la Junta Central Electoral, ofreció algunas explicaciones, pero el caso se desvaneció. Al parecer, no hay querellas ni querellantes, ni acusados ni presos. Una nube de “amnesia colectiva” sentó sus aposentos en la ilegal irrupción en los correos privados de las dos damas, aunque la primera es la actual vicepresidenta de la República.
En la “guerra electoral”. Otros de los episodios que podría reforzar la denuncia de Goico Guerrero, fue la grabación realizada pocos días antes de las elecciones del pasado mayo, en el principal salón de la residencia del periodista Miguel Guerrero en el transcurso de un intercambio amistoso con el entonces candidato presidencial Hipólito Mejía y un grupo de periodistas. La grabación fue a parar a manos de comunicadores vinculados con el oficialismo o gobierno de turno para denostar y calificar de “conspiradores” a esos periodistas, pese a que esos comunicadores también solían mantener reuniones periódicas con Danilo Medina, en su condición de candidato oficialista, en casa del periodista Rafael Ovalles.
También en vísperas de las pasadas elecciones presidenciales, saltó a primera plana una grabación que pretendía probar que Guido Gómez Mazara tramaba asesinar al ingeniero Miguel Vargas, presidente de su mismo partido, el PRD. Los diputados ni siquiera se sonrojaron cuando trascendió que la grabación no contaba con la autorización de un juez. El caso se desvaneció. No hubo sanción por delito de grabar conversaciones privadas. Y la acusación pareció “descabellada” –según resaltaron varios medios– y también se evaporó.
Tras la presentación de un reportaje de la periodista Nuria Piera, que revelaba que el senador Félix Bautista habría entregado importantes sumas de dinero al presidente de Haití, Michel Martelly, y a sus competidores, a Pepe Goico le grabaron una conversación sostenida con un empresario haitiano en la que comentaba esos detalles. Ese diálogo sirvió para que desde el Palacio Nacional se organizara una rueda de prensa conjunta con los cancilleres de Haití y República Dominicana, acusando al ex general de tramar “desestabilizar” el gobierno de Martelly.
En esa ocasión, el periodista Marino Zapete, reconocido por sus posturas independientes, declaró que al entonces vocero de la presidencia, Rafael Núñez, le encantaba escuchar conversaciones privadas que interceptan a personas que crean opinión pública. Calificó como “una rastrería y politiquería barata” la acusación contra Goico. Meses después, la Fiscalía del Distrito Nacional “archivó” el caso.
Pepe Goico
¿Cómo fueron obtenidas esas grabaciones? ¿Quiénes intervinieron el correo de la ex Primera Dama? ¿Por qué estos casos parecen haber sido “cerrados”? ¿A quiénes beneficiaba dar a conocer esas conversaciones?
Impunidad sempiterna. Paradójicamente, durante la dictadura de Trujillo y del autoritario Balaguer resultaba claro por dónde venían los tiros. El zar de las intervenciones telefónicas, al que Carmen Imbert Brugal bautizó como el espía más público del país, parecía controlar el monopolio de fisgonear las conversaciones de los principales líderes políticos, empresariales, militares, religiosos, y de opinión.
El presidente Balaguer justificaba las intervenciones alegando que se trataba de preservar “la paz pública” y “por razones de Estado”. Estos argumentos no se produjeron durante los sangrientos Doce Años (1968-1978), sino en una conferencia de prensa que ofreció en mayo de 1992, es decir, vigentes las reglas de juego del orden democrático.
Empero, ya en plena democracia, en 1980, durante la Presidencia de Antonio Guzmán, el doctor José Francisco Peña Gómez demostraba cómo sus teléfonos eran intervenidos. Del acoso y de la vigilancia de terceros, el líder perredeísta no pudo salvarse ni en la intimidad de sus aposentos. Tanto Pepe Goico, como algunos odontólogos, lo saben. Amén de los datos que aportan diferentes crónicas sobre la impotencia, frustración e indignación de Peña Gómez, según traslucen diversas crónicas calzadas bajo las firmas de los periodistas Bienvenido Álvarez Vega y Alfredo Freites.
El espionaje telefónico perdió la exclusividad que tuvo durante décadas. Los avances tecnológicos, las posibilidades de interconexión, de más acceso a datos, y a tecnologías relativamente baratas, de menos de US$100, abren las posibilidades de que más personas entren al negocio cuya materia prima es la privacidad de los otros.
El proceso viene de lejos. Ya en 1992, Frank Cabral, reconocido como un habitué en el oficio de las intervenciones, veía la competencia que se iba estableciendo, cuando declaraba: “Aquí se intervienen teléfonos y se espían las conversaciones con diferentes propósitos”, según decía en el transcurso de una entrevista concedida al periodista Ruddy González, entonces jefe de redacción del desaparecido vespertino Última Hora.
Frank Cabral.
Sin embargo, la “democratización” del espionaje se muestra clasista. Por ejemplo, en noviembre de 2010, el entonces fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, anunció el apresamiento de tres hombres que se dedicaban a grabar parejas en intimidad dentro de cabañas lujosas, para luego darles seguimiento y extorsionarlas con grandes sumas de dinero. El grupo fue vinculado más adelante por las autoridades al intento de asesinato del abogado santiaguero Jordi Veras.
El grupo, encabezado por el ex cadete de la Policía Francisco Carela Castro (Fran Castro), según informaron las autoridades, tendría vínculos con funcionarios de los organismos de investigación, debido a que cuando fueron detenidos les fueron encontrados documentos “originales” de las fiscalías del Distrito y de la provincia de Santo Domingo. “Encontramos documentos de solicitudes de intervención de llamadas, un asunto muy delicado, no solo por la extorsión, sino por el uso de documentos públicos que se supone que son sólo del manejo de las autoridades que realizan la investigación”, explicó Moscoso Segarra.
En cambio, tanto el reconocido zar de las intervenciones de teléfonos como su relevo generacional exhiben las mismas características. No proceden de Cristo Rey. Residen en Piantini o Bella Vista, se transportan en Mercedes Benz, visten con elegancia y se mueven en las altas esferas sociales de “Romana”, Miami, Boston o New York.
Parecería que se trata de un perfil político y social. Salvando las diferencias, por ejemplo, Johnny Abbes García (1924-1967), fue educado en los mejores colegios del Santo Domingo de su época. Vestía a la moda y se le atribuía hablar inglés, francés y alemán. “En abril de 1955, yo estaba listo para entrar en el camino de mi progreso. Estaba listo para probar mi capacidad y lanzarme a la aventura de una nueva actividad: la política”. Y del espionaje político, a la opulencia, de la que Abbes aprendió lo siguiente: “La dictadura de Trujillo no era la imposición arbitraria de un hombre, sino la complacencia de muchos hombres”.
A estos hombres, el Estado dominicano los mima. Por ejemplo, Balaguer nombró en 1970 al zar de las intervenciones telefónicas “ayudante civil”; y en 1977, volvió a designarlo en la misma posición. El presidente Leonel Fernández, imbuido de uno de sus maestros, no quiso quedarse atrás para expresar agradecimiento a esos exquisitos servicios. En sus gobiernos, la esposa del zar, una hermosa ex reina de belleza, ocupó el cargo de cónsul en Montreal.
Pero, comenta un informante, el narcotráfico y el sicariato amenazan con restarle glamour al viejo oficio. Por ejemplo, narra que a partir del asesinato del propietario de La Francesa, profesionales del fisgoneo tuvieron que salir del país, abstenerse de visitar esa cafetería y mantenerse en la sombra.
La vida en la sombra. El ex coronel y abogado Pedro Julio (Pepe) Goico no tiene buena prensa. Sus atropellos durante el cuatrienio 2000-2004 le ganaron la fama de ogro. Hoy, con su disminución de peso y el título de abogado parece otra persona. Se revela reflexivo y valora la vida “en la sombra”. Diferencia lo que son las actividades de “inteligencia” al acto “vulgar” de simplemente intervenir teléfonos, correos electrónicos o grabar audios y videos. “No se trata de escuchar conversaciones, sino que a partir del análisis de ellas, las autoridades establecen políticas o adoptan decisiones de Estado”.
El asistente del ex presidente Hipólito Mejía durante su cuatrienio y en la pasada campaña electoral, desafía a quien demuestre que lo hayan extorsionado entre los años 2000-2004 a partir del fisgoneo de su vida privada. “El Presidente le puso orden a ese caos; solamente una instancia podía grabar y, en los casos que se hacía, era bajo el amparo de una orden judicial”, enfatiza.
De los hábitos de los gobernantes, Pepe Goico rehúsa comentar sobre las aficiones de Balaguer en ese sentido –recreada detalladamente por el escritor Viriato Sención en su novela Los que falsificaron la firma de Dios, que arroja luz sobre los inicios del zar de las intervenciones–, pero sí habla del ex presidente Hipólito Mejía. “No le gustaba escuchar nada, había que transcribirle los diálogos, y a veces los leía”, narra.
De acuerdo con Goico, las intervenciones telefónicas pertenecen al pasado, ya que lo más frecuente es que se instalen micrófonos y cámaras ocultas. “Es la técnica predominante”. Insinúa que conocidos interventores telefónicos “contratan” hasta a gerentes, como supuestamente habría ocurrido en el Banco Central, para instalar micrófonos en ciertas oficinas.
“La fiesta consiste en que todos los que quieren grabar a otros se van para la provincia Santo Domingo, le dan una lista con los teléfonos que quieren grabar, y un representante del Ministerio Público se la pasa a un juez de instrucción, que ni siquiera tiene tiempo de investigar quiénes son esas personas”, explica.
A Pepe Goico se le atribuye haber comprado sofisticados equipos israelíes durante el gobierno de Mejía, pero lo desmiente. Admite que asesoró para su compra, pero que fue el DNI quien lo adquirió, porque “la tecnología es muy cambiante y había que renovarlos”. Afirma, en cambio, que en las administraciones de Leonel Fernández fueron comprados equipos de inteligencia en tres ocasiones distintas.
Pepe Goico, quien se ufana de sus tres sapos, uno tapándose los oídos, otro, cubriendo sus ojos, y el tercero, cerrando apretadamente la boca, pontifica con tono bíblico: “No hagas ni digas, lo que no quieres que se sepa. Cuídate de los choferes y del servicio doméstico. Conocen tu vida. Superan la tecnología israelí”.
Marco legal
La Constitución consagra el derecho a la intimidad en su artículo 44, párrafo 3, que reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documento o mensajes privados en formato físico, digital, electrónico o de todo otro tipo.
La Ley General de Telecomunicaciones, la número 153-98, establece el secreto e inviolabilidad de las telecomunicaciones con excepción de la intervención judicial de acuerdo con el derecho común.
A Orlando Jorge Mera le correspondió aprobar la primera norma que sanciona la intercepción no autorizada de las comunicaciones telefónicas, mediante la resolución 36-00, de Indotel. En el 2003, la Suprema Corte de Justicia emitió el reglamento correspondiente.
1978
El presidente electo
Antonio Guzmán calificó de “reprochable” que personas vinculadas al Partido Reformista se dediquen a grabar llamadas telefónicas de dirigentes del PRD.
1980
José Francisco Peña Gómez, secretario general del PRD, denunció que su teléfono en la Internacional Socialista estaba intervenido y que era posible que hasta en su domicilio hubiera micrófonos. Codetel admitió que fue a través de sus redes.
1982
La Policía desmanteló una red de espionaje que intervenía los teléfonos de su jefe, así como de Balaguer,
Juan Bosch y Donald Reid Cabral, y acusó a Frank Cabral, a quien definió como un “reconocido espía en asuntos telefónicos”. La avanzada electoral de Salvador Jorge Blanco se desvinculó del espionaje atribuido a Frank Cabral.
1992
Agentes del DNI allanaron la residencia de
Frank Cabral en la calle Roberto Pastoriza número 309. El odontólogo fue interrogado por la fiscal del Distrito Nacional, Josefina Juan de Pichardo.
1999 La secretaria de la Presidencia, Alejandrina Germán, puso en duda la denuncia de Hipólito Mejía de que tenía intervenidos sus teléfonos. Mejía presentó copias de memos del DNI solicitando a Codetel intervenir sus teléfonos y el (809)566-1221, de Teleantillas. Codetel admitió que interceptaba los teléfonos a petición de las autoridades.
2000
El vicealmirante
Sigfrido Pared, director del DNI, aseguró que las denuncias de intervención telefónica que hacen desde la oposición buscan dañar al gobierno de Leonel Fernández.
2012
El 10 de febrero la Fiscalía allanó propiedades del periodista Guillermo Gómez y en julio acusó a su hijo
José Ángel –Jochi– Gómez Canaán, de hackear correos electrónicos e intervenir teléfonos para chantajear y extorsionar a 44 políticos, empresarios y gente del arte. Once presentaron querella contra Gómez Canaán, ahora en libertad bajo fianza.
REPRODUCIDO DE LA "LUPA SIN TRABA"
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