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SANTO DOMINGO (R. Dominicana).-
La lucha por el 4 por ciento para la educación se anotó un significativo logro este jueves cuando el Tribunal Superior Administrativo y Contencioso acogió un recurso de amparo que prohíbe a la policía entorpecer las manifestaciones de la Coalición Educación Digna frene al Palacio Nacional y donde quiera que se celebren.
El tribunal acogió en todas sus partes el recurso de amparo elevado este miércoles por el sacerdote jesuita Mario Serrano, Mario Bergés y Patricia Gómez en representación de Coalición Educación Digna, quienes estuvieron representados por los abogados Nassef Perdomo Cordero y Laura Acosta Lora.
El conocimiento del recurso fue aplazada ayer hasta este jueves para permitir a la Policía preparar su defensa y tomar conocimiento de los documentos contenidos por el expediente de los solicitantes del amparo.
La Coalición Educación Digna pidió y obtuvo del tribunal proteger sus derechos constitucionales de libre expresión, libre tránsito e integridad personal, que entiende vulnerados por la Policía cuyos agentes agredieron las manifestaciones pacíficas realizadas los días 29 de octubre y 5 de noviembre frente al Palacio Nacional para demandar el cumplimiento de la Ley de Educación que establece una inversión presupuestaria para el sector equivalente al 4 por ciento del producto interno bruto (PIB).
También pidieron declarar ilícita la vulneración del derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y sin permiso previo; ordenar a la Policía que suspenda de manera inmediata cualquier acción presente o futura que vaya en detrimento de los miembros de la Coalición Educación Digna a manifestarse frente al Palacio Nacional o en cualquier lugar público; cumplir el mandato constitucional y legal de garantizarles el libre y pacífico ejercicio de sus derechos fundamentales cada vez que decidan hacer uso de los mismos y reconocer y garantizar esos derechos en todo momento y lugar.
La Coalición argumentó que con las agresiones a sus miembros la Policía viola no solo la Constitución sino también su propia Ley Institucional.
“Lo que es más, está haciendo un uso ilegítimo y prohibido de los poderes que le otorgan la Constitución y la Ley. Al usar este poder no solo en violación a estas normas jurídicas, sino también en contra de su objetivo fundamental, la Policía Nacional incurre en la violación del principio de delegación del poder soberano del pueblo (de los artículos 2 y 4 de la Constitución) y, por lo tanto, sus actos no se encuentran amparados por ningún tipo de legitimidad. Esto borra las barreras entre el ejercicio de las facultades y el delito”.
Los jueces que conocieron el caso son Yadira de Moya, Frinette Padilla y Julián Henríquez, de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.
7dias.com.do
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