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lun, 19-abr 12:49 Por: Cristina Rivas
Santiago Sosa y Javier Cabreja, coordinador general y director ejecutivo de Participación Ciudadana. (Foto: Carlos Carrasco)
El movimiento cívico Participación Ciudadana presentó este lunes su segundo informe sobre Observación Electoral en el que denuncia que durante este período de la campaña persiste la práctica negativa de uso y abuso de los recursos del Estado por parte de las autoridades del gobierno central y los ayuntamientos.
Santiago Sosa, coordinador general, dijo que durante un análisis de la campaña del 15 de marzo al 15 de abril, el movimiento cívico constató que desde distintos puntos del país se han presentado denuncias públicas de que programas sociales del Estado, como el de los Comedores Económicos, el Plan Social de la Presidencia, la Tarjeta Solidaridad entre otros, están siendo utilizados para favorecer a los candidatos del partido oficial, lo que constituye una clara violación a la ley electoral y genera una profunda inequidad en la competencia electoral.
También calificó como preocupante la participación del Presidente de la República en actividades de campaña electoral, no sólo por el descuido de las funciones que son propias de su cargo, sino también por el uso de los recursos del Estado que acompaña esa participación, lo que contraviene la equidad que se supone garantizan la Constitución y las leyes del país y los principios del sistema democrático que rigen las sociedades modernas.
A lo anterior se añade, la ausencia de rendición de cuentas por parte de los partidos políticos, respecto a los recursos públicos y privados que están recibiendo para el financiamiento de sus campañas.
Destacó que la Ley Electoral exige que todos los partidos políticos presenten a la JCE una relación pormenorizada de sus ingresos y gastos. Sin embargo, muy pocos partidos lo han hecho. El cuanto al financiamiento privado, los partidos políticos actúan con total capacidad, lo que incrementa el riesgo de recursos procedentes de fuente ilícita financiando la campaña.
PC también afirma que otro de los problemas que se presentan es que en estas elecciones muchos candidatos son también funcionarios y hasta la fecha apenas el 20% de los funcionarios que les corresponde pedir licencia, la han hecho efectiva2.
“En esta fase esta fase preelectoral nos encontramos con una serie de hechos que impiden que los procesos electorales dominicanos avancen en materia de equidad y transparencia. En tal sentido, también es preocupante el profundo retroceso que ha experimentado el sistema de partidos políticos en el país, en cuanto a su institucionalidad y democracia interna, indicó Sosa.
Santiago Sosa resaltó que la dirigencia de los partidos se reservó una proporción muy elevada de las candidaturas, especialmente las de las cámaras legislativas y los alcaldes municipales.
En el caso de los dos partidos mayoritarios, apenas se eligieron poco más del cincuenta por ciento de los candidatos. El tercero no realizó convención eleccionaria, señalando de dedo la totalidad de sus candidatos, por lo que entendemos que es urgente la aprobación de una legislación que rija los partidos, la elección de sus candidatos y las precampañas electorales.
El Segundo Informe de Observación Electoral de Participación Ciudadana denuncia que otro aspecto negativo de esta campaña lo constituye la inequidad del fondo de asistencia social (barrilito) de que disponen los congresistas y que fue instituido al margen de la ley y en contradicción con el fundamento constitucional del Congreso Nacional al que sólo se le atribuyen funciones legislativas y de fiscalización y control.
La suspensión por el mes de abril, tras haber distribuido anticipadamente el fondo de marzo, es insignificante si se tiene en cuenta que los senadores dispusieron del ventajismo del llamado barrilito desde septiembre del 2006, lo que se expresa en el hecho de que desde esa fecha hasta la actualidad, los 27 senadores que se repostulan, recibieran 685 millones 635 mil pesos para “asistencia social”.
"Esto sin dudas, es una fuente de profunda inequidad en la actual competencia electoral y se constituye en un ventajismo antidemocrático que auspicia la perpetuación en los cargos públicos. Razones más que suficientes para que sea eliminado", según el movimiento.
Participación Ciudadana entiende que a pesar de que en la última semana se han realizado algunos esfuerzos por dotar de contenido la campaña electoral, en sentido general, se destaca la ausencia de propuestas de carácter programático durante este período preelectoral, lo que se refleja en el rechazo de muchos candidatos de participar en los debates políticos.
Aspectos positivos
Participación Ciudadana reconoce la labor realizada por el organismo electoral en la organización de las elecciones y en el cumplimento del Calendario Electoral en sus distintos componentes, como los son: la integración y capacitación de los miembros de los colegios electorales, la impresión del padrón electoral, la instalación del sistema de cómputo y de otros aspectos referidos a la logística electoral.
"Como ha señalado el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, existe cierto retrazo en la impresión de las boletas electorales, debido a las centenas de impugnaciones y amparos a las candidaturas inicialmente presentadas por los partidos. Sin embargo, Participación entiende que esto no afectará que las mismas puedan estar impresas y distribuidas en los plazos establecidos por el organismo electoral.
Otro aspecto positivo del actual proceso, es lo concerniente al trabajo realizado por la Cámara Contenciosa de la JCE, la cual, a través de decenas de resoluciones ha acogido instancias de amparo e impugnaciones incoadas por militantes partidistas.
"Esto constituye un importante precedente para el fortalecimiento de la jurisdicción contencioso-electoral que estará a cargo del Tribunal Superior Electoral que próximamente deberá ser integrado", dijo Sosa.
"Es importante destacar a su vez, que estas resoluciones no hubieran sido posibles, sin un ejercicio responsable de ciudadanía por parte de todos aquellos militantes partidarios que vieron afectados sus derechos y en lugar de resignarse, como en ocasiones anteriores, procedieron a actuar ante la JCE", agregó.
Otro cambio importante en lo que va de campaña, es que continúa la tendencia hacia la baja de la violencia electoral respecto a anteriores procesos electorales.
Aunque no se ha entrado en el tramo final de la campaña, que suele ser más intenso, Sosa valora como positivo que no se ha registrado, hasta el momento, ningún caso importante de violencia electoral.
Participación Ciudadana exhorta a los partidos a acatar y cumplir la Ley Electoral, reconociendo que la transparencia y la rendición de cuentas y el debate programático en el actual proceso electoral, son condiciones necesarias para que el sistema democrático prospere.
"Es su deber asumir la responsabilidad cívica frente a la que los coloca el sistema democrático y las actuales elecciones Congresuales y Municipales", concluyó.
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