GOBIERNO SOMETE A MALKÙN Y OTROS TRES EX-FUNCIONARIOS POR ALEGADA CORRUPCIÒN....

POR SAUL PIMENTEL
Fuente: almomento.net

Malkún en foto de archivo, durante un anterior proceso judicial.

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) sometió este jueves en la tarde a la justicia a José Lois Malkún y otros ex-funcionarios del Banco Central acusados de la distracción de valores de esa entidad bancaria ascendentes a RD$10,663 millones. Los sometidos son, además de Malkún, el ex-vicegobernador Félix Calvo, el ex gerente César Apolinar Veloz y el ex consultor jurídico Manuel Rubio Cristóforis, quienes ocuparon los cargos durante el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía (2000-2004).

En una declaración de prensa remitida a ALMOMENTO.NET, el organismo judicial indica que el dinero "distraído" estaba representado en la cartera del desaparecido Banco Nacional de Crédito S.A. (BANCREDITO), para lo cual fue suscrito un contrato de fecha 2 de julio de 2003. Indica que el sometimiento fue hecho atendiendo a una denuncia del Banco Central. Para el mismo el director de la DPCA, Hotoniel Bonilla García, remitió una instancia a la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

Proporcionaron "facilidades"

En la misma se indica que "luego de que el BANCREDITO presentara serios problemas de liquidez, que posteriormente se transformaron en una situación de insolvencia y con ello degeneró en el colapso total de esa entidad de intermediación financiera, el Banco Central proporcionó a dicha entidad una serie de facilidades, a través de adelantos y redescuentos, cuyo monto total es superior a los veinte mil millones de pesos (RD$20,000,000.00), muchos de los cuales fueron entregados en violación a la Ley 183-02, Monetaria y Financiera". Señala que "en fecha 2 de julio del 2003, como consecuencia de la venta de los negocios bancarios y financieros por parte de GFN, fue suscrito el denominado Contrato Tripartito, entre el Banco Central, representado por el imputado José Lois Malkún, como avalista de compromisos extraterritoriales de entidades vinculadas, lo que está expresamente prohibido por la referida norma".

Sostiene que como consecuencia de esa operación fueron entregados 18 pagarés por RD$10,663,341 relativos a los títulos de las carteras de crédito de las diferentes empresas vinculadas a Bancrédito, S. A. que estaban siendo adquiridas por el Estado a través de esa entidad. Sin embargo, agrega, en fecha 11 de julio de 2003, "los mismos fueron sustraídos de los archivos del Banco Central y utilizados para favorecer a particulares que los han usado para saldar otras acreencias en perjuicio del interés público". "La referida distracción se produjo a través de maniobras fraudulentas abusando de las funciones públicas que desempeñaron, sin que antes se desembolsaran en provecho de esa entidad, suma alguna, correspondiente a la obligación que mantenían, dejando al Estado dominicano desprovisto de los instrumentos bancarios y legales eficaces para poder exigir, reclamar y/o ejecutar los valores públicos utilizados por el imputado José Lois Malkún en provecho de particulares", añade.

No tenían calidad legal Agrega la DPCA que en adición "ni los imputados José E. Lois Malkún y Félix Calvo Peralta, en sus calidades de gobernador y vicegobernador del Banco Central, respectivamente, y menos aún los coencartados Manuel Rubio Cristóforis y César Apolinar Veloz de la Rosa, tenían la calidad legal para desapoderarse de los valores públicos a que se contrae la acusación, y que sólo la Junta Monetaria tenía esa calidad, previo a la verificación inequívoca de que las contingencias provocadas y que dieron lugar a la existencia de los referidos títulos bancarios, habían sido satisfechas en beneficio del interés público, expresado en el Banco Central, lo que nunca ha ocurrido".

Asimismo, indica que como consecuencia de las acciones ilícitas en que incurrieron los funcionarios del Banco Central, los terceros beneficiarios del resultado de la misma, procedieron a maniobrar contra la entidad estatal que representaron., y los referidos pagarés fueron “cedidos” a una alegada empresa denominada Artag Meridian, LTD. Afirma la DPCA que en el curso de la investigación quedó establecido que Malkún otorgó como “Facilidades de Liquidez” a Bancrédito, S.A. desde el 1º de agosto de 2002 hasta el 3 de noviembre de 2003 la suma de doce mil novecientos veintiún millones seiscientos mil pesos (RD$12,921,600,000.00), de los cuales, ocho mil quinientos treinta y nueve millones de pesos (RD$8,539,000,000.00) fueron entregados en violación a la Ley 183-02 en su artículo 33, letra a) que obliga a los funcionarios del Banco Central a cumplir con los límites impuestos en dicha norma.

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