Supervisión. En el país existen unos 3,000 agentes privados, pero sólo 400 están carnetizados
9 Noviembre 2010, 9:05 PM
El Dia.com.do
El lucrativo negocio, en el que se cobran honorarios que van desde RD$50 mil hasta 200 mil, ha proliferado especialmente por las demandas de investigar infidelidades de parejas
Escrito por: Guillermina Santos/ L. Torres
Santo Domingo.-En el país existen unas tres mil agencias de detectives privados, las que realizan sus actividades sin ser debidamente supervisadas por las autoridades encargadas de reglamentar sus delicadas operaciones.
Esas agencias, de las cuales solamente 600 están activas y 400 carnetizadas, trabajan con una serie de informaciones que son vitales tanto para las personas que requieren sus servicios como para los individuos investigados, las que de caer en las manos no adecuadas significarían la vida o la muerte.
Esto así sin que el Ministerio Público esté muy pendiente del trabajo que realizan esas agencias.
El ejemplo más reciente es el de Francisco Alberto Carela Castro, quien operaba la agencia de detectives privados Facsaint Detective, que extorsionaba personas que previamente filmaba en plena actividad sexual en moteles.
Facsaint Detective funcionaba a espaldas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad dependencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas nombrada mediante decreto número 1128-03 y que supervisa el reglamento y funcionamiento tanto de las agencias de detectives privados como la seguridad privada.
La institución reconoce que se necesita una ley más fuerte para hacer un trabajo más eficaz, y para tales fines sometieron vía Senado de la República un anteproyecto de ley que ha perimido en dos ocasiones en el Congreso .
Fue precisamente la agencia de detectives privados Facsaint Detective, cuya sucursal en la ciudad de Santiago dirigía su hermano Engel Carela Castro (preso), la que le dio seguimiento a Miguelina Llaverias, quien casi murió a manos de su esposo Adriano Román Román.
Esa agencia, supuestamente, está vinculada a los sicarios que atentaron contra el abogado Jordi Veras.
La dirección Técnica de la Superintendencia dijo que Carela Castro hacía su trabajo solo como persona, al margen de toda regulación.
Requisitos
Para ser detective privado se debe tener 18 años de edad, acta de no antecedentes criminales, se someten a pruebas antidoping y p sicológicas, además reciben un curso de un mes cuyo costo es de RD$7,000.
Según el reglamento, el detective privado debe velar que la información a requerir no se utilice para fines “negativos.
El detective privado debe “adoptar medidas de prevención y control, apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que sus servicios puedan ser utilizados para la realización de actos ilegales, en cualquier forma, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o presentar servicios a delincuentes o personas directas o indirectamente vinculadas con el trafico de estupefacientes o actividades terroristas”.
Negocio lucrativo
El negocio de las agencias de detectives privados es lucrativo, algunos trabajos cuestan 15 mil, 50 mil y hasta 200 mil pesos, dependiendo de la magnitud del mismo y los lugares donde el “profesional de la investigación” se deba trasladar.
El gremio
El presidente de la Asociación Nacional de Detectives Privados (Anadepri), Manuel Gutiérrez, se quejó de que Carela Castro ensucie el trabajo que realiza.
Gutierrez informó que hace tres años Francisco Alberto Carela Castro quiso pertenecer a Anadepri y el consejo directivo lo rechazó por el escándalo con Miguelina Llaverías.
Entre los casos que más investigan los detectives primados están los de infidelidad, seguidos de la parte contraria de algunos abogados en procesos judiciales.
Se recuerda que unos guardaespaldas del entonces senador de San Pedro de Macorís Alejandro Williams trataron de intimidar a dos periodistas haciéndose pasar por detectives privados.
Extorsionadores falsificaban orden judicial
La banda de extorsionadores que se dedicaba a filmar de manera ilegal a parejas en moteles para luego chantajearlas con altas sumas de dinero, presentaba orden judicial falsificada a los propietarios de esos negocios para poder instalar cámaras en su interior e interceptar los teléfonos de los mismos.
De acuerdo a informaciones obtenidas, la banda se identificaba como detectives privados y oficiales de la Policía Nacional y de otros organismos de seguridad del país, diciendo que estaban investigando a alguien.
Para la instalación de las cámaras la banda de extorsionadores se dirigía hacía las habitaciones VIP, que son las más proclives a ser visitadas por personas adineradas, las cuales eran “el blanco” de los estafadores.
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