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Un grupo de organizaciones sociales y empresariales anunció este miércoles su decisión de interponer un recurso en inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Magistratura, aprobada por la Cámara de Diputados inobservando los artículos 102 y 112 de la Constitución, que establecen que las leyes observadas deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los legisladores de cada cámara.
La presentación del recurso esperará la decisión que adopte el presidente Leonel Fernández ante la violación constitucional. En caso de que el mandatario no la devuelva para que sea enmendada la irregularidad del procedimiento, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia.
En un documento entregado en rueda de prensa celebrada esta tarde, las organizaciones consideran de “absoluta gravedad” que la Cámara de Diputados haya acogido las observaciones introducidas por el presidente Leonel Fernández en desconocimiento del mandato constitucional.
“Esa acción representa, en realidad, un grave atentado al Estado de derecho y debilita tanto al sistema judicial como al poder legislativo, constituyéndose en un mal precedente sobre las leyes orgánicas que de esta manera pierden su capacidad de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad institucional. No hay que descartar, entonces, que el Presidente también observe la recién aprobada ley orgánica del Tribunal Constitucional para que por simple mayoría se puedan conseguir objetivos frustrados cuando no fueron aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados”, afirma leído en la rueda de prensa en la que participaron, entre otras entidades, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Foro Ciudadano, Asociación de Jóvenes Empresarios y Foro Ciudadano.
Afirman a seguidas que la intención del recurso de inconstitucionalidad contra la ley procura “no solo evitar una ruptura del orden constitucional, sino el menoscabo del equilibrio de poderes en que se fundamenta la democracia”.
Al referirse a la votación de los diputados oficialistas, la declaración plantea que no puede pasar desapercibido “que se está aprobando (la ley) sin la mayoría cualificada, para otorgar al presidente de la República un poder casi absoluto para las decisiones de un organismo colegiado y de gran responsabilidad institucional como es el Consejo Nacional de la Magistratura”.
La gravedad de lo acontecido es aún mayor, en opinión de las entidades firmantes del documento, porque “preanuncia una decisión de ignorar el creciente reclamo nacional de que tanto la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia como la elección de los jueces de los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral se realicen con amplio consenso político y social, en base a un perfil previamente definido, y en un proceso de total transparencia”.
“La democracia es un proceso de largo plazo que debe construirse en beneficio de todos y con la participación de todos y todas. Rechazamos la violación a la Constitución de la República y la concentración de poder en el Consejo Nacional de la Magistratura”, añaden.
En el documento también anuncian que tan pronto se restablezca “el equilibrio de poderes” en el Consejo Nacional de la Magistratura, propondrán un perfil de los jueces pendientes de elección y que, incluso, se reservan el derecho de proponer candidaturas, impugnar posibles aspirantes y proponer mecanismos de elección que garanticen la idoneidad y transparencia del proceso.
7dias.com.do
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