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El Estado dominicano lo someterán ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Genaro Rincón Ana Montilla muestra una foto de su desaparecido esposo Juan Almonte.
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El ministro de Interior y Policía, Franklin Alemida Rancier; el ex jefe de la Policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín; y el ex jefe del Servicio Secreto, serán sometidos ante la Corte Penal Internacional (CPI), el primero por complicidad y los demás por su participación en la desaparición Juan Almonte Herrera, las torturas a Virgilio Antonio Burgos Prado, que le causaron la muerte y por la ejecución extrajudicial de Cecilio Díaz y Willam Batista, en Villa Vásquez.
Las víctimas, todas miembro del Movimiento de Unidad Dominicano (MUNDO), eran acusadas por la policía de participar en el secuestro el 18 de septiembre de 2009 de Eduardo Baldera Gómez, quien escapó de sus captores cuando supuestamente abrió “con un palito” las esposas que tenía puestas.
Los familiares y amigos de Almonte Herrera, Batista, Burgos Prado, Díaz, junto a la recién constituida organización Derechos Civiles, serán los demandantes contra Almeida Rancier, Guzmán Fermín y Fructuoso Heredia por “secuestro, desaparición, torturas, encerramientos ilegales y arbitrarios, asesinatos y matanza de miembros de grupos políticos y sociales”, tipificados como delitos de lesa humanidad y genocidio en el Estatuto de Roma de la CPI, de la cual el país es miembro.
Acusan a Almeida Rancier de entorpecer las investigaciones de los hechos, lo que lo convierte “en cómplice y encubridor”.
En tanto que Guzmán Fermín y Fructuoso Heredia serán acusados de ser “autores intelectuales y materiales” de la muerte de Burgos y Díaz.
Genaro Rincón, abogado de los familiares y dirigente de Derechos Civiles, explicó que a un año de la desaparición y muerte de Andujar, según versiones que manejan, no se ha hecho nada para aclararla y someter a la justicia a los responsables, como tampoco han sido sometidos los responsables de la tortura a Burgos Prado y el asesinato de Batista y Díaz.
Las acciones no se quedarán ahí: También el Estado dominicano será sometido ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la alegada política de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía, atentatoria contra los derechos ciudadanos.
De su lado, Ana Montilla, esposa de Almonte, con la voz entrecortada, dijo que este año para ella ha sido difícil por saber que su compañero está muerto y no tener su cuerpo en un lugar donde pueda ir a llorarlo y recordarlo.
Indicó que sus hijos tienen pesadillas y la madre de Almonte se ha enfermado por la angustia en la que están sumidos por las acciones de Guzmán Fermín y Fructuoso Heredia.
“Cuando alguien muere sus familiares tienen un cuerpo y nosotros no tenemos nada de Juan (Almonte Herrera). El dolor es doble. Hemos sufrido bastante, ustedes no pueden imaginarlo; acostarnos y despertarnos preguntándonos dónde está, qué pasó. Sus hijos sufren permanentemente de pesadillas y su madre está enferma”, dijo Montilla.
Ruth Roselia Cruz, esposa de Díaz, cuestionó la existencia en el país del Estado de derecho por no haber podido aclarar los hechos aludidos, ni castigar a sus responsables. Por el contrario, apunta, hechos similares se siguen cometiendo sin que los encargados de proteger los derechos de los ciudadanos cumplan con su obligación de parar los crímenes.
“No hay Estado de derecho en un país donde una persona apresada por la Policía desaparece, dos son apresados y entregados con vida a las autoridades y son asesinadas y otra fallece por la tortura recibida mientras guardaba prisión preventiva”, aseguró.
De acuerdo con los familiares, amigos y la organización Derechos Civiles, este 3 de noviembre se cumple el primer año de la muertes de Almonte Heredia como consecuencia de las torturas que le infligieron agentes policiales encabezados por Guzmán Fermín y Fructuoso Heredia.
Dijeron basar sus afirmaciones en informaciones confiables recibidas de personas que fueron testigos de los hechos.
Descorides de la Rosa Tejeda/7dias.com.do
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