PREGUNTAN A QUIÉN DEFIENDE EL FISCAL EN EL CASO ATIEMAR....

Alejandro Moscoso Segarra, fiscal del Distrito Nacional. (Archivo)


SANTO DOMINGO, (R.Dominicana).- La actuación judicial de las autoridades frente al proyecto inmobiliario Torres Atiemar hace un daño adicional (financiero) al Banco de Reservas y entorpece la investigación que lleva a cabo la justicia de España, que es la que tiene el caso, incluso ha detenido al jefe de la familia centro del escándalo.

La actuación del ministerio público dominicano, tardía y sin un caso en las manos, pareciera dirigida a entorpecer la investigación de las autoridades judiciales de España, tal cual ocurrió con el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo, en el pasado.

Ya deportado Quirino y con proceso abierto en Estados Unidos, facilitada por la sentencia que extraditó al capo, por lo que en tal virtud el Estado dominicano renunció a la persecución del sujeto, como dice el tratado de extradición, el Ministerio Público mantuvo abierta la investigación e inició una persecución colateral con los familiares que quedaron en el país.

Meses después de mucha presión de los fiscales federales de Estados Unidos, el Ministerio Público debió cerrar esos casos contra los familiares y diligenciar ante la Suprema Corte que los tribunales apoderados de las bellaquerías de ese ministerio público cerraran los casos para permitir la salida de los familiares de Quirino.

Ahora, el Ministerio Público vuelve sobre el mismo “error” como si se tratara de entorpecer el proceso en España.

Habiendo salido de un puerto dominicano el enorme alijo de droga, el Ministerio Público debería apurar diligencias sobre cómo fue posible que saliera del país tanta cocaína (1,200 kilos) e investigar a los responsables, pero nada de eso se pone en práctica.

Convoca a los medios de comunicación para que le tomen una foto junto a sus ayudantes frente a las Torres Atiemar, donde aparece “asombrado” con lo que mira, pero deja atrás lo elemental: ayudar a las autoridades judiciales españolas a esclarecer el caso.

Si la torre ha de ser confiscada pertenecería al estado español y no al dominicano, como sucede con los apartamentos de la banda de Quirino en Malecon Center. El caso de Atiemar está en manos de España y no de República Dominicana y resulta elemental que el ministerio público hiciera un esfuerzo por colaborar con España y no encaminar decisiones aisladas y propias como si tuviese el caso en sus manos.

El otro efecto colateral de la actuación independiente del ministerio público apunta contra el mismo Banco de Reservas, involucrado en la operación financiera del proyecto inmobiliario y en la operación financiera de largo plazo para cada uno de los adquirientes de apartamentos.

De acuerdo a los informes, el Banco de Reservas ha financiado el 85% al proyecto al 70% de los adquirientes de los apartamentos, en un financiamiento hipotecario de largo plazo. Ese doble financiamiento, al desarrollador y a los adquirientes, coloca al Banco de Reservas como el principal propietario del inmueble y también como el principal afectado por la acción unilateral del ministerio público.

Al final, quien más va a perder es el Estado dominicano con actuaciones irracionales desde el inicio (promover el proyecto) y al final (hundir el proyecto) a la hora de venderlo. Para la semana que culminó estaba fijada la reunión de los adquirientes del proyecto para que completaran el inicial y con ello el Banco de Reservas iniciaría los desembolsos a los desarrolladores, quienes terminarían el 2% faltante antes de proceder la entrega a los adquirientes.

Está claro que dos altos ejecutivos del Banco de Reservas junto al vicepresidente del proyecto, Arturo del Tiempo Manzarbeitia, visitaron a muchos de los adquirientes para que aceptaran el financiamiento de ese banco.

Ahora falta saber la opinión del Banco de Reservas que en dos intentos de aclarar su situación ha caído en el fango profundo.

7dias.com.do