.jpg)
Por. JUAN BOLIVAR DÍAZ
La querella del doctor Guillermo Moreno contra el expresidente Leonel
Fernández y su Fundación Global es un documento pesado que sacudiría cualquier
democracia siquiera de mediana intensidad
La generalidad de los que han leído la querella del doctor Guillermo Moreno
para que se investiguen las cuentas del expresidente Leonel Fernández (LF) y su
Fundación Global (Funglode) concluyen en que es un documento con abundante
fundamentación que por lo menos pone de relieve la ausencia de
transparencia.
Aunque se presentan indicios documentales de serias irregularidades, muchos
estiman que las debilidades institucionales de la nación dejan escasas
posibilidades de que la querella prospere, y hay quienes esperan que siquiera
sirva para incentivar transparencia y escrupulosidad en la gestión pública.
La valentía de Moreno. La iniciativa del jurista y profesor
universitario que fuera el primer procurador fiscal del presidente Fernández en
1996 y candidato presidencial en las elecciones del año pasado, es un acto de
valentía frente al poder político, económico y judicial acumulado por el
exmandatario y líder del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Por supuesto que está movida por intencionalidad política, como es lógico y
normal en todas las actividades de los personajes públicos, pero merece una
ponderación y respuestas más allá de la simple descalificación.
Frente al cúmulo de documentos contenidos en la querella, el más interesado
en su dilucidación debería ser el propio acusado, sobre todo cuando todo el país
le atribuye la también intencionalidad política de buscarse por lo menos un
cuarto período de gobierno. El doctor Fernández y sus abogados podrían
aprovechar la circunstancia para hacer transparente todo el financiamiento y el
gasto de la Fundación Global que acaba de cumplir trece años de constituida, el
3 de enero del 2000, al amparo de su primer período de gobierno (1996-2000).
En el mundo democrático no se acepta que un presidente en ejercicio
constituya una fundación y recabe recursos multimillonarios mientras ejerce la
labor de gobierno, porque se presta al tráfico de influencia, cuando no a la
extorsión. Eso se reserva a los ya retirados de la competencia política y en
cualquier caso tienen que publicar anualmente sus ingresos y gastos, con las
fuentes de financiamiento.
La falta de información sobre las fuentes de financiamiento y el gasto de
Funglode ha sido objeto de murmullos en los ámbitos diplomáticos y de
instituciones internacionales. Hasta personalidades invitadas a actividades de
esa entidad han quedado sorprendidas por el lujo de sus instalaciones y se han
interesado por saber cómo se financia. El año pasado se produjo una exclamación
de molestia por parte de representantes de un organismo internacional ante tres
periodistas cuando al pronunciar un discurso el embajador de su país informó de
un programa con la Fundación Global. Aludieron a que la cooperación
internacional debería ser coherente con el reclamo de transparencia.
Consistente documentación. Las lujosas edificaciones de
Funglode, con oficina de alta clase en Nueva York, y sus múltiples actividades
son suficiente evidencia de una entidad multimillonaria. Y lo fue casi desde el
principio ya que al quebrar el Banco Intercontinental en marzo del 2003, tenía
allí depósitos financieros por 104 millones 49 mil pesos, más 15 millones 67 mil
245 pesos en tres cuentas corrientes, y 15 mil 791 dólares, para un total
superior a 119 millones de pesos, según detalló la comisión del Banco Central
que intervino el banco.
La querella documenta la movilización de decenas de millones de pesos
obtenidos mientras el doctor Fernández era presidente de la nación, pero
manejados en cuentas personales, primero a nombre de Manuel Rodríguez Casado, y
luego de Marilis Pérez y Luisa del Pilar Marte, la primera asistente personal de
Diandino Peña, ministro administrativo de la presidencia, luego ministro de
Obras Públicas y finalmente director de la Opret, constructora de las dos líneas
del metro capitalino. Las cuentas permanecieron a nombre de esos particulares
que nunca fueron directivos de Funglode, aún años después que la entidad tuviera
formal incorporación y pudiera operar en el mercado bancario.
Los lectores de la querella que ha sido profusamente difundida en
innumerables sitios de Internet y en un folleto editado con el título de ¡Nunca
Más!, resultan impresionados por la cantidad de facsímiles de cheques y cuentas
bancarias que la documentan. Sostiene que la cuenta en Baninter a nombre de
Rodríguez Casado, cerrada en septiembre del 2000, manejó entre depósitos y
créditos 66 millones 622 mil 292 pesos en los primeros nueve meses de la
fundación y cuando Fernández todavía era presidente de la nación. En algunas
fechas los depósitos fueron multimillonarios: 11 millones 200 mil el 15 de
junio, 15 cheques de un millón cada uno el 19 de junio, y un depósito de 7
millones de pesos el 15 de agosto, último día del gobierno 96-2000, mediante un
cheque de administración comprado con dinero en efectivo.
Pesada carga para la Fiscal. La querella con 104
“elementos de prueba” presentada a la procuradora fiscal del Distrito Nacional
el 24 de enero constituye una carga muy pesada que podría poner en juego la
tranquilidad y hasta la carrera de la joven abogada Yeni Berenice Reynoso,
traída a la capital tras acumular prestigio en la fiscalía de Santiago. La
generalidad de los observadores cree que es un peso demasiado grande por los
poderes que concentra el expresidente Fernández, especialmente en las altas
cortes. Aunque no faltan quienes esperan que ella se constituya en una especie
de Baltasar Garzón, el juez español que ganó prestigio mundial con atrevidas
acciones judiciales.
El 5 de enero Moreno y sus abogados adicionaron un documento amparados en el
Código procesal Penal señalando una serie de diligencias que la fiscalía debería
realizar ante instituciones financieras públicas y privadas para investigar los
cargos que formulan al expresidente y su fundación. También las cuentas de las
personas que manejaron recursos de Funglode.
Piden centrar indagaciones sobre las declaraciones juradas ante la Dirección
General de Impuestos Internos que debió hacer la fundación a partir del 2005
cuando entró en vigencia la Ley 122-05 sobre entidades sin fines de lucro y que
obliga a transparentar cada año los ingresos y egresos de las mismas. Solicitan
identificar nombres y montos de los donantes, empresas o personas.
Los cargos específicos. Los cargos presentados en la
querella incluyen la violación al artículo 146 de la Constitución que sanciona
la corrupción y penaliza a quien “prevaliéndose de sus posiciones dentro de los
órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas,
obtenga para sí o para terceros provecho económico”. Así como a quien
“proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o
relacionados”.
También imputan delitos establecidos en el Código Penal como concusiones de
funcionarios públicos, de funcionarios mezclados en asuntos incompatibles con su
calidad, violación a la ley que castiga el lavado e incremento patrimonial
derivado de actividades ilícitas, y los crímenes de prevaricación y perjurio.
Es obvio que no resulta fácil comprobar ni condenar tantos y tan graves
cargos y menos a un líder político, con amplia defensa, pero la documentación es
tan pesada y abundante que en cualquier democracia siquiera de mediana
intensidad produciría un gran escándalo político. Por lo menos obliga a una
minuciosa y extensa investigación a no ser que se le pretenda despachar
políticamente.-
Muchas operaciones turbias
La querella de Moreno, sustentada por tres brillantes jóvenes abogados,
Cristóbal Rodríguez, Carlos Moisés Almonte y Jorge Luis Polanco Rodríguez,
muestra numerosas operaciones trianguladas de cuentas. Por ejemplo para la
construcción y equipamiento del edificio de Funglode de la cuenta Marilis-Luisa
se destinan al menos 15 millones de pesos a Promociones Madeira SA, pero los
cheques eran depositados en una cuenta a nombre de Maritza López y/o José Abréu,
funcionarios y aliados políticos de los gobiernos de Fernández. De aquí se
documentan cuatro pagos entre febrero y septiembre del 2002 para equipos y
cubicaciones de la fundación que totalizan 4 millones 474 mil pesos.
La querella ejemplifica cargos a LF como propiciar compañías e interpósitas
personas como “empresarios” para captar recursos y ponerlos a su disposición a
través de Funglode, lo que consideran incompatible con la función pública y
violatorio de la ley; prestadores de servicios al Estado hacían contribuciones;
entidades públicas convertidas en clientes y patrocinadores de la fundación. Se
citan cheques con montos de cientos de miles de pesos de instituciones como el
Banco Central, Indotel y varios ministerios para patrocinar cursos, seminarios,
cenas y fiestas de la fundación.
Una extensa documentación se refiere al patrocinio de Funglode por diez
empresas cuya propiedad se atribuye al actual senador Félix Bautista, íntimo
colaborador de LF, quien dirigiera la poderosa Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado entre el 2000 y 2010. Según la instancia de
Moreno sólo en el 2001 esas contribuciones totalizaron alrededor de 45 millones
de pesos, con citas y facsímiles de dos bancos. Documentan transferencias de
diversas empresas contratistas del Estado por sumas de cientos de miles de
dólares y millones de pesos.
