DOCE CONTRA ALVAREZ RENTA HACEN REÍR A WASHINGTON......

Luis Álvarez Renta (Archivo 7dias)

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El dispendio de los recursos públicos sigue impertérrito, pese los malos augurios económicos. Ejemplo patético y reciente es el envío de una comitiva de doce personas a la audiencia celebrada este jueves en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer la petición de medidas cautelares radicada por Luis Álvarez Renta para que se le permita tratar sus dolencias en el exterior.

Encabezados por Ramón Pina Acevedo, los supernumerarios comisionados llegaron a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en medio de un despliegue cinematográfico: dos yipetas negras y dos taxis dejaron oír el chirriar de sus ruedas en el asfalto de la tranquila ciudad. Manera de reafirmar, piensan algunos, la idiosincrasia del funcionario dominicano. Tanto fue el estruendo que los empleados del organismo se asomaron a las ventanas preguntándose, entre risas y burlas, quién sería el protagonista de tan inusitada llegada.

Junto a Pina Acevedo, padre del ministro de la Presidencia César Pina Toribio, llegaron, entre otros, la encargada del Departamento Legal del Banco Central y otros cuatro abogados al servicio de esta entidad; el embajador dominicano ante la OEA, Virgilio Alcántara, y una de sus asistentes; Manuel de Jesús Pérez Sánchez, exdirector de Prisiones y Roberto Obando Prestol, actual titular del organismo.

Entre todos ellos refulgía el abogado Claudio M. Grossman, deán de la Facultad de Derecho de la American University, íntimo amigo de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y de Santiago Cantón, secretario de la CIDH. Un abogado de lujo cuyos servicios deben costar una fortuna al Estado dominicano, según calculan los informantes de 7dias.com.do. De hecho, en los corrillos dominicanos se rumorea que recibe del Banco Central un pago mensual de cientos de miles de dólares.

No solo el número, sino también la actitud de los comisionados desconcertó a los funcionarios de la OEA que, a la hora de iniciar la audiencia debieron pedirles desalojar tres de los pocos asientos, cuya totalidad coparon, para que pudieran sentarse Eric Raful, Oscar Cury y Laura Gleen, esta última de la firma Greenburg Traurig, abogados defensores de la solicitud de Álvarez Renta. Disonantes, y al mejor estilo dominicano, los comisionados se habían adueñado del escenario.

“Jamás se había visto algo similar, ni siquiera cuando Colombia se defendía de alegatos de violaciones de los derechos humanos. En esas ocasiones, Colombia enviaba una o dos personas a defender su posición, no más. Este espectáculo debe haberle costado una fortuna al Estado, ya que aparentemente se quedan el fin de semana en la ciudad para hacer turismo e ir de compras”, dijo la persona informante de 7dias.com.do

“En fin, fue un momento vergonzoso, ya que un país endeudado hasta el límite, con serios problemas económicos, sociales y políticos, y con un pueblo muerto de hambre, no debería estar haciendo estos despliegues de grandeza imperial para asistir a una reunión de apenas una hora. Las burlas y comentarios de lo ridículo que fue este aparataje están circulando hoy entre todos los empleados de la OEA; somos el hazmerreír de la ciudad”, añade la fuente.

CIDH falla a favor de Álvarez Renta

Todo el dinero gastado, pero sobre todo el menoscabo de la imagen pública del país no garantizaron al Estado lograr sus propósitos. Oídos los alegados de las partes, la conclusión del Comisionado de la CIDH es que existen precedentes que validan la petición de Álvarez Renta de que se le permita tratarse en el extranjero sus padecimientos lumbares.

La defensa de Álvarez Renta presentó alrededor de cien casos similares a los del ex asesor financiero condenado a diez años de prisión por la quiebra fraudulenta de Baninter. En consideración a estos casos, la opinión del Comisionado es que el principio de igualdad ante la ley beneficia a todos los ciudadanos, por lo que resultaría en violación de los derechos de Álvarez Renta la denegación de la autorización a viajar al extranjero, independientemente de la naturaleza del caso por el que fue condenado.

7dias.com.do