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El vocero de la Policía Nacional, coronel Máximo Báez Aybar, no identifica a los policías investigados para "no dañar su honra", pero envía a los medios casi a diario nombres y fotos de personas apresadas por la PN sin que se les hayan instrumentado cargSANTO DOMINGO. La Policía Nacional mantiene en servicio activo a por lo menos un coronel, siete primeros y segundos tenientes, y a dos mayores que son investigados con relación a la filmación de vídeos en moteles con fines de extorsión, y al atentado criminal contra el abogado y comunicador de Santiago Jordi Veras.
La institución policial se ha negado repetidas veces a dar a conocer los nombres de los investigados porque "no quiere dañar reputaciones innecesariamente", como alega su vocero, coronel Máximo Báez Aybar. Esta opinión del vocero policial contradice la práctica policial de publicar nombres y fotos de las personas que arresta. Un ejemplo: Hace dos días, la PN remitió a los medios los nombres y fotos de tres integrantes de una supuesta banda que se dedicaba a asaltar pasajeros de carros del transporte público.
(DL tiene en su poder los nombres -con sus fotos- de los investigados, y no los ha publicado por apego a la ética periodística, a la espera de la confirmación de la Policía, que insiste en no dañar "la honra" de sus agentes, pero que a diario fusila, con foto incluida, a todos los que detiene, en ocasiones hasta en redadas indiscriminadas).
Resulta paradójico el celo de la Policía para siquiera suspender a miembros acusados de actuar en complicidad con sicarios y reconocidos delincuentes, "dizque" para no entorpecer las investigaciones. Se cree que en este caso la Policía no ha sido diligente porque se trata de personas protegidas, eso así porque en ocasiones la institución castiga a uniformados involucrados en riñas de colmadones.
Este comportamiento policial acentúa la percepción ciudadana de que las altas instancias de la institución del orden público se andan con paños tibios a la hora de separar de sus filas a miembros vinculados al crimen organizado.
El único nombre de los investigados que ha salido a la luz pública, dado a conocer por DL, es el de la teniente Fernanda Julieta García Urbáez, la que recibió una llamada del sicario Roberto Zabala Espinosa desde el lugar y minutos antes de atentar contra la vida de Jordi Veras. La teniente, que se ha negado a decir a sus superiores lo tratado con Zabala, sigue de servicio en la sede central de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet).
Siguen campantes
Tampoco ha sido suspendido el mayor que era el usuario de la clave de Data Crédito de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía, con la cual se extrajeron los datos y movimientos de Jordi Veras que fueron puestos en manos de los sicarios presos por el atentado.
La PN mantiene en servicio a un sargento mayor que con la clave del DICRIM para Data Crédito hizo la consulta desde un centro de copias y de servicios de internet que regentea en esta capital.
Pese a los comprobados vínculos directos de estos agentes con los hechos que se investigan, la jefatura de la PN no ha visto razones suficientes para suspenderlos, y les ha permitido seguir de uniforme, como también andan "para arriba y para abajo" dos primeros tenientes y cuatro segundos tenientes cuyos nombres ocupan puestos cimeros en la lista de investigados por la filmación de vídeos en moteles.
No es sólo la Policía
La práctica de encubrir a sus miembros es común a todo el estamento policial y militar del país, como lo comprueba el caso del alférez (MDG) Mario Rafael Bretón Santana, que se encuentra preso desde hace más de 40 días en la Base Naval de la Marina, por haberle servido de intermediario a Francisco Carela Castro en un intento de chantaje para venderle una información a Negro Veras por RD$3 millones.
A Bretón Santana también lo investigan por haber sido el fiador solidario de Francisco Carela y de su hermano Engels (condenado a 20 años por el atentado criminal en contra de Miguelina Llaverías), para el alquiler de un apartamento en el que fue instalada la oficina Facsaint Detectives, donde fue encontrada la grabación que devela la transacción que hizo Adriano Román, señalado como autor intelectual del atentado a Jordi Veras, con los sicarios.
La investigación a Bretón, que estaba al servicio del DNI en Santiago, ya concluyó, y sus resultados están "dando vueltas" en manos de la Jefatura de Estado Mayor, y según fue enterado DL es probable que no le caiga sanción por sus vínculos con los identificados como sicarios, sino un castigo por no haber reportado su arma de reglamento que perdió hace dos años, y ahora fue que lo informó.
Fiscal: ni suspendidos ni presos
La Fiscal de Santiago, Jenny Berenice Reynoso, confirmó ayer a DL que ninguno de los agentes policiales activos investigados por el atentado criminal contra el abogado y comunicador Jordi Veras Rodríguez, ha sido suspendido de sus funciones ni detenido por las autoridades policiales y judiciales. Reynoso reveló, además, que la teniente de la Amet, Fernanda Julieta Urbáez, continúa bajo investigación. La teniente Urbáez, que está ahora en labores de oficina en la sede central de la Amet, fue interrogada por tres horas el pasado 30 de diciembre por la fiscal de Santiago, pero trascendió que tampoco reveló a la magistrada lo que trató con el sicario.
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