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24 de octubre de 2012
2012/10/24 //0 Comentarios
Parodiando el estribillo de una lasciva canción de Kinito Méndez, se puede decir que “hay un hoyo” y “hay un palo”. Pero a diferencia de lo que cantó el merenguero obnubilado por las tangas, no están a la orilla del mar. Se encuentran cavado en el corazón de la economía dominicana el primero, y blandido desde las alturas de los gobiernos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el segundo, listo para ensañarse contra las mujeres y los hombres del país.
Para cubrir este hoyo, el más ancho y profundo que ha registrado la economía nacional, las autoridades levantan “un palo” tributario con efectos tan dolorosos en la economía de las personas, de las familias y de las empresas, que arrebatará el bienestar de muchos. Según las estimaciones de la gestión de Danilo Medina para justificar ante el Consejo Económico y Social (CES) la necesitad de nuevos impuestos, en la cuentas fiscales del Gobierno Central la magnitud de este agujero ronda los RD$156,000 millones, lo que equivale al 6.8% del PIB, sólo para 2012. De incluirse todas las instituciones del Estado (financieras o no, centralizadas o no), esta magnitud escala la cima inexplorada de los RD$187,000 millones, o el 8.2% del PIB.
Las consecuencias de este escenario post electoral han sido calificadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como una situación que “no es fácil” que amerita “ajustar significativamente la posición fiscal”; por el presidente Medina, como “una realidad dura” y “un trago amargo”; por los legisladores, como una situación “dolorosa”, y por el viceministro de Hacienda, Luis Reyes, como un déficit fiscal cuya magnitud reclama “una respuesta urgente”.
Así, la alarma es avivada desde el mismo Gobierno, y frente a este agujero fiscal el Poder Ejecutivo propone al CES una reforma tributaria que obligará a la gente y a las empresas a pagar de sus bolsillos, por concepto de nuevos impuestos, una suma que para el próximo cuatrienio se proyecta en RD$235.6 mil millones.
Es el “hoyo” fiscal de Leonel Fernández, el más profundo en la historia del país. Múltiples sectores de la sociedad lo atribuyen a un derroche desenfrenado del gasto público para sentar las bases de su retorno al poder en 2016 y, en el corto plazo, para apoyar la campaña electoral de Medina, su sucesor del partido oficialista.
En pleno proceso de la campaña electoral, en la que el presidente Fernández desempeñó un papel tan protagónico que a veces opacaba a su compañero de partido y candidato Danilo Medina, era frecuente observar inauguraciones de obras.
También a la vista de todos, los camiones del Plan Social de la Presidencia y las cocinas móviles de los Comedores Económicos recorrían las carreteras y los barrios de todo el país, constituidos en vanguardia, con la misión de entregar canastas, equipos electrodomésticos y raciones de comidas. Así preparaban el terreno antes de la llegada del Presidente y, o el candidato en sus campañas proselitistas. En palabras del ex mandatario, la misión de esta vanguardia era crear “una cosa apoteósica” a favor del Gobierno y del candidato del PLD.
Sobre esto, en su Sexto Informe sobre Observación Electoral, Participación Ciudadana (PC) señala lo que estaba a la vista de todos: “La activa y permanente participación del Presidente de la República en las campañas proselitistas, con caravanas y actos públicos por todo el país, acompañado de altos funcionarios con personal, vehículos, combustibles y dietas pagados por los organismos del Estado, lo que se constituye en claro ventajismo competitivo”.
A confesión de parte… A finales de septiembre de 2011, el presidente Leonel Fernández explicaba a sus seguidores en Nueva York las causas de que el PLD no haya “arrancado en las encuestas en el primer lugar”. Decía que se debía a que entre julio de 2010 y julio de 2011, el FMI aplicó una política de restricción del gasto equivalente a unos RD$40,000 millones.
Agregó que luego de la restricción “llegamos al acuerdo de que se nos permita ejecutar el presupuesto el resto del año, y eso es lo que ha permitido que yo vuelva a los barrios”, revela una grabación que sobre ese encuentro fue filtrada a los medios de comunicación.
Al momento de realizar esa afirmación, habían pasado poco más de dos meses desde que el FMI concluyera la quinta y la sexta revisión del segundo acuerdo que había firmado con su administración.
En la carta de intención correspondiente a esa revisión se informa el compromiso del Gobierno de mantener medidas que “reducirán los gastos en cerca de 0.6 por ciento del PIB en comparación con la cantidad autorizada por el Congreso en el 2011”, y de adoptar otras “para aumentar en un 0.4 por ciento del PIB la recaudación de impuestos”. Estos compromisos contradicen el supuesto acuerdo que, según Fernández, se alcanzó con el FMI para expandir el gasto público.
Por carta, Alejandro Santos, jefe de Misión del FMI en República Dominicana, informó al Gobierno: “Desafortunadamente, no hemos llegado a un entendimiento todavía, no va a ser posible completar la séptima revisión del programa”.
En la misiva, el jefe de la misión del FMI propuso enfocar los esfuerzos para completarla al mismo tiempo con la octava revisión, de cara a una perspectiva para el 2012 en que “los problemas son más difíciles, ya que con una economía más débil, las recaudaciones van a ser menores a las optimistas proyecciones incluidas en la propuesta del presupuesto 2012 enviado al Congreso”.
En ese sentido, y contrariamente al incremento del gasto, Santos observó que tenía que ajustarse a la baja el gasto primario no eléctrico (el gasto que no incluye los pagos por intereses de la deuda y el subsidio a la electricidad). Además, proponía, como forma de “resolver el tema después de escuchar las restricciones políticas y las preferencias de ustedes (el Gobierno)”, que el incremento de 18% a la tarifa eléctrica que contemplaba el acuerdo se introdujera en tres etapas en los siguientes 10 meses, “antes de que la administración concluya”.
Temístocles Montás, ministro de Economía de la pasada administración de Fernández y de la actual de Medina, ha explicado el insostenible déficit fiscal de 2012 sobre la base de tres razones: Una caída de los ingresos con respecto a los RD$27,000 millones proyectados; el subsidio a la electricidad, que de US$240 millones programado se dispara a US$1,230 millones, y la expansión considerable de la inversión en infraestructura.
Sobre la última razón, el ministro de Economía de los dos gobiernos explica: “El asunto, al final de cuentas, fue que la Administración de Leonel Fernández entendió que él debía terminar sus obras, las obras que él había iniciado, la carretera del Coral, una serie de obras que estaban en carpeta, y entonces eso determinó que la inversión en infraestructura que normalmente debió ser cercano al 4% del PIB, se elevara al 6% del PIB”.
Esto significa que Leonel Fernández gastó RD$40,000 millones por encima de lo programado en el presupuesto original de 2012, según las estimaciones de su propio ministro de Economía, para mantener su programa de inauguraciones de obras que se extendió hasta un día antes de la toma de posesión de Medina.
La lista de inauguraciones es larga, pero cabe mencionar algunos componentes del Corredor Duarte, la Autopista del Coral, los puentes de Nisibón, Baitoa y Masipedro, en Bonao; la reconstrucción del tramo carretero Cruz del Isleño-Nisibón y la carretera Higüey-Miches; el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavares, escuelas, hospitales y proyectos habitacionales en varios puntos del país.
Sobre este programa de inauguraciones, en su Sexto Informe, Participación Ciudadana dice: “El primer mandatario confundió sistemáticamente los actos de inauguración de obras con el proselitismo partidista, y lo mismo anunció e inició nuevas obras que no figuran en el presupuesto de este año, como una carretera norte-sur buscando sacar provecho para su partido”.
La grabación filtrada a la prensa revela que como forma de “ayudar de nuevo a concitar el apoyo público”, Fernández prometió un plan nacional de distribución de alimentos, que consistía en que diariamente se distribuirían 30 mil raciones de alimentos cocidos, lo que sumarían un total de 10 millones de raciones distribuidas durante los 9 meses que duraría la campaña electoral.
Durante esos 9 meses era muy común que desde bien temprano en la mañana, y en determinados días de la semana, los pobladores de los barrios humildes de la capital y del resto del país realizaran grandes filas custodiadas por militares y policías, en espera de los camiones y las unidades del Plan Social de la Presidencia y de los Comedores Económicos. Una vez concluida la campaña electoral, esto dejó de ser parte frecuente de la estampa social de esas comunidades.
Participación Ciudadana observó en su informe que esos organismos del Estado dominicano “han multiplicado sus repartos de alimentos y regalos al paso del presidente de la República y atendiendo a las prioridades proselitistas”. Puso como ejemplo que el 10 de mayo los Comedores informaron que “por instrucciones del mandatario, tras una visita a Dajabón, repartieron allí seis mil raciones alimenticias y 60 mil pollos, y precisaron por escrito que estaban procediendo a establecer cocinas móviles para repartos en 25 provincias, a pocos días de la elección”.
Según los informes de ejecución del gasto publicado por la Dirección General de Presupuesto, durante el primer semestre de 2012 el Gobierno gastó en asistencia social RD$11,514.6 millones, lo que representó el 57% del monto programado en el Presupuesto Público original de 2012 para ese renglón. Sin embargo, para el mismo periodo solo se ejecutó el 46% del presupuesto de salud, gastando por este concepto RD$17,893.20 millones.
Apenas habían transcurrido unas tres semanas desde que Medina tomara posesión de su cargo, cuando tanto el director del Hospital Luis Eduardo Aybar, como el Colegio Médico Dominicano (CMD) expusieron al público el drama que padecen los hospitales, a los cuales se les habían dejado de entregar los subsidios hasta por cinco meses consecutivos.
En el caso del Luis Eduardo Aybar, este subsidio asciende a la suma de RD$5.0 millones mensuales. “Ahora estamos en septiembre, y los últimos fondos los recibimos en marzo pasado”, reveló su director, Julio Rodríguez Grullón.
Tampoco faltó el incremento de la nómina pública, cuyas magnitudes se disparan verticalmente durante los ocho años de gestión de Fernández. En 2005, los puestos ocupados sumaban 400,093, y para diciembre de 2011 habían escalado a 645,775, lo que equivale a un incremento de 61.4%. Pero el Gobierno no la congeló en esa magnitud, pues sumó otros 10,850 puestos ocupados hasta junio de 2012, según las estadísticas de la Contraloría General de la República y del Banco Central.
“¿Cómo llegamos a la situación actual?”. La pregunta la formulan las organizaciones sociales que forman parte del Consejo Económico y Social. En una de sus escasas declaraciones a la prensa nacional desde que dejó la Presidencia, Fernández ofreció el pasado 11 de octubre su respuesta particular: responsabilizó al gobierno de Hipólito Mejía, que terminó hace más de ocho años, del déficit fiscal que dejaron sus dos gobiernos de ocho años continuos, que concluyó hace tres meses.
Las organizaciones sociales, en cambio, lo atribuyen al “despilfarro (que) ha sido evidente”. Indican que la causa principal es el incremento del gasto de inversión, lo que en parte le lleva a coincidir con los argumentos de Montás, nuevo líder del gabinete económico del gobierno de Medina. Pero minimizan el impacto de los fondos que se transfieren a la CDEEE, cuyo peso en el aumento del gasto estiman en 12%.
Por otra parte, descartan que haya habido una caída en los ingresos fiscales, como alega Montás. Para llegar a esta conclusión, comparan los ingresos fiscales del presente año con los registrados durante 2011. De este modo obtienen un incremento en las recaudaciones de un 14%, muy lejos de la supuesta caída argumentada por los funcionarios del área económica para justificar el déficit.
Todo aparenta que el Gobierno sobrestimó los ingresos tributarios al momento de elaborar el presupuesto de 2012, y así, tal cual, fue aprobado por el Congreso, sin importar que las perspectivas económicas de ese año eran de contracción, tal como le hizo saber Santos, jefe de la misión del FMI.
Por ejemplo, a pesar de que el crecimiento del PIB nominal (sin descontar la variación de los precios) para el 2012 se estimó en 11%, con respecto al 2011, se proyectó el incremento en los ingresos fiscales en 19.8%, mientras que los tributarios supuestamente lo harían en 17%.
Aunque en el proyecto de presupuesto de 2012 se contempló que se implementarían las medidas tributarias dispuestas mediante la Ley No. 139-11 (que ya venían implementándose desde julio e 2011), también se incluyeron supuestos poco realistas, como: “Percepción de ingresos por explotación minera” (Falconbridge Dominicana y Barrick Gold), y “captación de ingresos no tributarios, generados por el Metro de Santo Domingo” (que está subsidiado), entre otras medidas.
“En ausencia de una reforma fiscal, de una hecatombe inflacionaria o de un crecimiento extraordinario del PIB real (de dos dígitos, por ejemplo) el crecimiento del ingreso público debía ser del mismo orden de magnitud de crecimiento del PIB nominal”, opina Miguel Ceara Hatton.
El economista se pregunta: “¿Por qué tomaron esa decisión de sobrestimar los ingresos fiscales? ¿Estaban programando su desorden financiero del 2012?”.
Pero comparado con 2011, los ingresos aumentaron. En su propuesta de “Concertación de Pacto Social”, el Gobierno informa que en 2011 ascendieron a RD$280,457 millones, mientras que para al cierre de 2012 se proyecta en RD$319,692. Eso arroja un incremento de RD$39,235 millones, equivalente a un 14%, muy superior a la tasa de 2.37% de inflación acumulada durante enero-septiembre.
Sin embargo, el gasto aumentó mucho más. Según las proyecciones oficiales, de RD$333,799 millones en 2011, pasó a RD$475,638 millones hasta el cierre de 2012. Se trata de un insostenible incremento de 42% ejecutado para hacer realidad el “Nueva York Chiquito” de los sueños de Leonel Fernández, que le saldrá muy caro a los dominicanos y dominicanas. Y para tapar ese hoyo, el gobierno de Medina, beneficiado en el plano electoral con el gasto y las inauguraciones de su antecesor, busca más dinero en los bolsillos de los contribuyentes, blandiendo sobre sus cabezas un temible palo tributario.
Leonel distribuyó millones de pesos en canastas navideñas.
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